Vecinas y vecinos de Cañada Real denuncian una grave escalada de acoso institucional en el sector 4 de Rivas

Derribos con fuerte presencia policial, cierre de accesos escolares y actuaciones que afectan directamente a niñas y niños evidencian una intensificación del acoso en el barrio.

Cañada Real, 30 de abril de 2026

Asociación Barrio Unido Sector 4 Cañada Real

Plataforma Cívica por la Luz para Cañada Real

El pasado 20 de abril, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid desplegó un operativo con antidisturbios y policía a caballo y procedió a demoler una vivienda de ladrillo construida en el barrio de Cañada Real en el año 1999, adosada al CEIP Mario Benedetti.

La Asociación Barrio Unido del Sector 4 advirtió al comisionado de Rivas para Cañada Real, Pedro del Cura —anterior alcalde del municipio—, de que la vivienda pertenecía a un propietario no notificado y solicitó la paralización de la actuación. No obtuvo respuesta y el operativo continuó.

A las 8 de la mañana, el dispositivo bloqueó el acceso habitual al colegio, obligando a niñas y niños a dar la vuelta para acceder al centro. Además, el Ayuntamiento soldó los accesos a otros inmuebles del entorno, dejando a sus moradores sin posibilidad de entrar o salir de sus viviendas. La demolición se prolongó hasta las 17:00 h, afectando a la salida escolar. Las niñas y niños presenciaron el derribo con miedo y desconcierto y preguntaban «por qué tiran las casas de los niños de la Cañada».

El acceso habitual camino del Colegio bloqueado con chapa metálica el día 20 de abril de 2026.

Cinco días antes, en una reunión solicitada por la AFA (Asociación de Familias del Alumnado) el comisionado había asegurado que las actuaciones no afectarían al colegio. En esa misma reunión calificó a los vecinos como «okupas» y habló reiteradamente de «desmantelar Cañada Real».

Ante la gravedad de los hechos, las personas afectadas están valorando acciones legales, y la asociación de vecinos trabaja en una movilización importante para expresar el profundo malestar acumulado.

Este 28 de abril, un nuevo operativo con Policía Local, Guardia Civil, SAMUR y Bomberos derribó una parcela que incluía una nave pequeña, frutales y un acceso peatonal construido para uso comunitario hacia la calle Víctimas del Terrorismo. Este camino, pavimentado e iluminado, era utilizado diariamente por escolares y personas con dificultades de movilidad. Más de 300 firmas presentadas en enero de 2026 para impedir su cierre fueron ignoradas.

Durante el operativo, una vecina con discapacidad visual sufrió un ataque de ansiedad que requirió atención sanitaria. A las 22:00 h del mismo día comenzaron a llegar nuevas notificaciones de derribo a las viviendas del entorno, y al día siguiente las máquinas volvieron desde las 8 de la mañana.

Estas actuaciones están generando un clima de miedo entre la población. No se trata de hechos aislados, sino de una intensificación reciente de actuaciones que afectan directamente a la vida del barrio. Son del mismo tipo que las contenidas en la queja al Defensor del Pueblo presentada el año pasado en la que decenas de vecinos denunciaban un patrón de envío de notificaciones en festivos y en horario nocturno, derribos sin garantías y presión institucional para forzar el abandono del barrio. Pese a ello, el Ayuntamiento de Rivas lleva meses sin responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, que el pasado 6 de abril tuvo que reiterar con carácter urgente su solicitud de información ante el silencio municipal.

Actuaciones como estas han generado también críticas en distintos ámbitos sociales y políticos, incluyendo posicionamientos públicos de partidos como Más Madrid, Podemos y la propia Izquierda Unida, que han mostrado en varias ocasiones su desacuerdo con la actuación del Ayuntamiento de Rivas y su apoyo a las vecinas y vecinos de Cañada.

Los tribunales ya han cuestionado actuaciones similares de Rivas-Vaciamadrid en Cañada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por vulnerar derechos fundamentales en el derribo de una vivienda en 2022. En marzo de 2026, un juzgado anuló otra orden de demolición de una vivienda del sector 4 que llevaba más de 20 años construida, al considerar que no era conforme a derecho. Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2025 al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por prevaricación en otro derribo ilegal en el sector 6.

El informe La Cañada Responde concluye que estas actuaciones han generado un entorno torturante, un sufrimiento físico y psicológico severo en la población, con impacto especialmente grave en mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, enfermas y con discapacidad.

Los derribos, el acoso y la intimidación de estos días son una continuación de esa estrategia de desalojo forzoso encubierto. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ya condenó a España en septiembre de 2024 por vulneraciones graves de derechos humanos en Cañada Real, tras la demanda impulsada por la Plataforma Cívica por la Luz para Cañada Real.

Las vecinas y vecinos, junto con las organizaciones firmantes, exigen:

• la paralización inmediata de los derribos mientras no se garantice el procedimiento legal completo y el derecho a la vivienda en el propio barrio;
• el respeto y la protección efectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia y del conjunto de la población de Cañada;
• una actuación urgente del Defensor del Pueblo;
• el cese del acoso y hostigamiento institucional por parte de las administraciones. En vísperas del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, recuerdan:
  

«Defender el derecho a una vivienda digna y adecuada y a una vida sin miedo es defender los derechos»